La corrupción en España: ¿Excepción o regla?

La corrupción en España: ¿Excepción o regla?

Uno de los detenidos por el caso de Santa Coloma de Gramanet. / Efe

José Joaquín León Morgado
Periodista. Consejero Editorial del Grupo Joly

El  Informe Global de la Corrupción 2009, difundido a finales de septiembre del citado año por Transparency International (TI), apuntaba: “El masivo alcance de la corrupción global como consecuencia de sobornos, cárteles de fijación de precios e influencia indebida sobre las políticas públicas, tiene un costo de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico sostenible.”

En contra de lo que a veces se supone, las prácticas corruptas no afectan sólo a las relaciones entre el poder público y las empresas privadas. El propio sector privado resulta perjudicado cuando las prácticas abusivas se hacen para obtener beneficios personales. El citado informe del TI apuntaba numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros directivos de sociedades comerciales que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversionistas, empleados y a la sociedad en general. También se podrían añadir los casos de otros empleados corruptos, que causan perjuicios económicos a sus empresas.

Sin embargo, cuando nos referimos a corrupción, al menos en España, casi siempre se da por supuesto que afecta a las relaciones con los poderes públicos. Lo habitual en nuestro país es utilizar la corrupción como un argumento político, casi siempre en detrimento electoralista del partido rival; y dar por obvio que es una práctica delictiva que constituye una excepción, pero que afecta a la credibilidad de las siglas en las que militan los políticos acusados.

Evidentemente, España no es uno de los estados más corruptos del mundo. En  la sociedad global, el nivel de corrupción es mayor en los países donde hay menos libertades y donde no existen o fallan las garantías jurídicas. Según el Informe Global de la Corrupción 2009, en países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en complicidad con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta 40.000 millones de dólares por año.
El año fue prolífico en casos de corrupción en España, sobre todo al destaparse la trama Gürtel, a raíz de la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón en febrero contra una supuesta red de corrupción vinculada a la financiación del PP, encabezada por el empresario Francisco Correa. Las ramificaciones de este caso, con la presunta implicación, en mayor o menor grado de personas como Luis Bárcenas, tesorero del PP, diversos alcaldes y ex alcaldes de la Comunidad de Madrid, o Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, avalaron la suposición de que estábamos ante una nueva Filesa, pero al revés. El episodio de los trajes presuntamente regalados al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otras incidencias contribuyeron a enredar y dar ciertos tintes gruesos a este caso, que poco a poco se fue rebajando. Desde el PP se esforzaron en dejar muy claro que así como Filesa había sido un caso probado de financiación ilegal del PSOE, con unos responsables políticos corruptos, en la trama de Gürtel el PP era la víctima. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que “en el caso Gürtel hemos tenido una actitud ejemplarizante”.

A la espera de lo que finalmente decidan los tribunales, lo cierto es que este caso contribuyó a crispar el debate político, sobre todo en los meses de verano, y tensó las relaciones entre los dos partidos mayoritarios a unos límites extremos. Llovieron las denuncias de casos de corrupción, protagonizados en mayor o menor medida por políticos del PP y del PSOE. Desde ciertos medios se ponía más énfasis en la investigación de casos como el de Baleares, que afectaba al ex presidente Jaume Matas, del PP, o el  de Estepona con la implicación de Antonio Barrientos, que fue alcalde del PSOE. En el fuego del destape de casos, de un lado a otro, dio la impresión en determinado momento de que la política española estaba plagada de sinvergüenzas.

El otoño sirvió para enfriar los ánimos. Desde el lado del PP, Mariano Rajoy ofreció un pacto anticorrupción, con la idea de dejar claro que estos casos eran aislados y personales, pero no respondían a una implicación de los partidos. En el PSOE también se rebajó el nivel de las acusaciones y las sospechas. En noviembre de 2009, Alfonso Guerra, un político sensible a estos asuntos, que en su día estuvo en el ojo del huracán cuando surgió el caso de su hermano Juan, afirmó lo siguiente: “La corrupción en España es escandalosa porque es un delito muy grave. Pero la corrupción es minoritaria, entonces y ahora. Fíjense que ahora mismo hay unos casos espantosos de corrupción. Pongamos que afectan a tres, cuatro docenas de municipios… Pero en España hay más de 8.000 municipios. Generalizar a todos los alcaldes y concejales de todos los partidos, que en su mayoría trabajan con honradez, no parece muy justo”.

Los escándalos han hecho mella en la impresión de los ciudadanos; aunque casi siempre se presta más atención a los que protagonizan los rivales políticos. Esto hace que los casos de corrupción, para bien o para mal, influyan poco a la hora de votar, excepto cuando son escándalos muy flagrantes y espectaculares, como ocurrió en Marbella. Una encuesta sobre la corrupción en la política española, realizada por Sigma Dos para El Mundo en enero de 2010, señalaba que el 40,9 por ciento de los ciudadanos piensan que todos los partidos están afectados por la corrupción. Un 33,4  por ciento creía que había más corrupción en el PP, y un 12,4 por ciento veía más en el PSOE.

¿Se descubren más casos de corrupción ahora porque hay mejores medidas de control? ¿Significa que el Estado de Derecho consigue detectar a quienes abusan del poder? Esta sería una visión optimista del asunto. Quizá no sea necesario un pacto contra la corrupción en España, pero sí deben aumentar los mecanismos de alerta en los partidos y la ejemplaridad de sanción. Así se conseguirá que los casos de corrupción sean percibidos como una excepción, que se corta por lo sano. Y también ayudará a impedir que las corruptelas se generalicen en otros ámbitos de las empresas y los trabajadores, porque hay riesgo de abusos a todos los niveles.