Por una ley de transparencia
"En la UE, solo España, Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo no han regulado este derecho". Por Javier Lerena
JAVIER LERENA ¿Cuánto gasta el alcalde en sus comidas y sus viajes? ¿Quiénes financian la campaña electoral de los partidos? ¿Cómo se distribuye el presupuesto municipal en las distintas áreas? ¿Cuántos nos cuesta a los malagueños el diseño e impresión de los diferentes folletos municipales? ¿Cuál es la deuda de los medios municipales y el sueldo que reciben sus empleados? ¿Y el de los altos cargos?
Preguntas que seguirán en el aire, sin respuesta, hasta que en España no se regule el acceso de la ciudadanía a la información para saber en qué y cómo gastan nuestro dinero las diferentes administraciones locales, regionales y nacionales. España es el único país de la Unión Europea, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo (da miedo miedo viajar en el mismo tren que estos países), que aún no ha regulado este derecho. Ante esta ausencia, no nos queda otra que confiar en la buena voluntad de nuestros políticos. Que gasten un dinero que no es suyo, de manera racional y útil. Personalmente, no les creo. Hace mucho que perdí mi fe en ellos. Esos ejercicios de transparencia, como lo ocurrido en el Ayuntamiento con el caso Porras, se convierten en cortinas de humo que no convencen a nadie.
El movimiento 15-M ha rescatado para el debate público la necesidad de una ley de transparencia. Un debate que no es nuevo. Hace más de seis años, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió públicamente a desarrollarla. Según el presidente, la norma serviría para "profundizar, ampliar y fortalecer los derechos de la ciudadanía". A pesar de sus palabras y la presión de varias ONGs durante las dos legislaturas, el Ejecutivo reculó y aparcó a principios de este año el anteproyecto de ley.
El pasado verano se filtró a la prensa el borrador de ley que permitiría auditar y controlar el uso del dinero público. La norma incluía la posibilidad de solicitar la media de horas que trabajan los asesores de un ministerio o los gastos de protocolo de los distintos departamentos.
La razón dada por el Ejecutivo para aparcar esta norma no me convence. Para el Gobierno, la ley de transparencia no forma parte del calendario de medidas urgentes . ¿Lo es para la ciudadanía? Creo que sí. Solo tenemos que analizar la evolución de los datos del CIS en el último lustro. La escalada de la corrupción como uno de los cinco problemas que más preocupan a los españoles, evidencian el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Además, la aprobación de una norma en este sentido desarrollaría uno de nuestros derechos. El artículo 105b de la Constitución recoge el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información libremente. No es derecho a saber, sino derecho a recibir información.
No hay que ser un gran analista político para percatarse de que corrupción y opacidad caminan de la mano. Los países escandinavos y anglosajones cuentan con fuertes leyes de acceso a la información. La corrupción no desaparecerá con una ley que nos permita controlar a nuestros representantes, pero al menos no seguirá engordando. La opacidad es un gran aliado para los corruptos. Acabar con esta situación debe ser una de las exigencias del Cuarto Poder. Hay que poner coto a los corruptos, un mal endémico de este país. La fórmula es clara: a mayor vigilancia y acceso a la información, mayor será el control sobre nuestra clase política. Con internet sería muy sencillo canalizar un futuro registro de información que incluya información relativa a contrataciones, presupuestos, gastos o informes económicos.
Como periodista me siento decepcionado por la tibieza demostrada por los profesionales de la comunicación ante una carencia tan flagrante. Nuestros medios de comunicación no han estado a la altura. No han cumplido con una de sus obligaciones primordiales: el control del poder público. Estoy aburrido de escuchar críticas a nuestros vecinos anglosajones o incluso a los 'yankis'. Criticamos su liberalismo, pero aceptamos la opacidad y las exigencias de nuestros políticos sin rechistar. En transparencia van cinco pasos por delante. Y no sólo en eso. En Estados Unidos sería impensable que los candidatos a un presidencia o a una alcaldía impusiesen los temas y las condiciones en un debate electoral televisado, aquí hasta la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión acepta las condiciones impuestas por el PP y el PSOE. ¿Será por eso por lo que son tan aburridos?
Las leyes conocidas como 'Freedom Information Acts' no sólo lucharían contra la corrupción o el abuso de poder, sino que mejoraría a nuestros gobiernos y convertiría a la española en una sociedad más comprometida y responsable. El sistema endogámico y oligarca por el que hoy se rigen nuestras administraciones es anacrónico. Una estructura caduca en la llamada sociedad de la información. Los críticos pensarán en que ese tipo de información debilitará el sistema, los políticos argumentarán que es irrealizable por razones de Defensa y la Seguridad Nacional. Dos excusas poderosas y peligrosas, con las que los Estados justifican todo tipo de crímenes. No me convencen. Es hora de actuar contra la corrupción, no se me ocurre mejor arma. Si quieres dejar tu firma y apoyar una ley de transparencia puedes hacerlo por actuable.es, aún quedan más de 40.000 firmas.
Preguntas que seguirán en el aire, sin respuesta, hasta que en España no se regule el acceso de la ciudadanía a la información para saber en qué y cómo gastan nuestro dinero las diferentes administraciones locales, regionales y nacionales. España es el único país de la Unión Europea, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo (da miedo miedo viajar en el mismo tren que estos países), que aún no ha regulado este derecho. Ante esta ausencia, no nos queda otra que confiar en la buena voluntad de nuestros políticos. Que gasten un dinero que no es suyo, de manera racional y útil. Personalmente, no les creo. Hace mucho que perdí mi fe en ellos. Esos ejercicios de transparencia, como lo ocurrido en el Ayuntamiento con el caso Porras, se convierten en cortinas de humo que no convencen a nadie.
El movimiento 15-M ha rescatado para el debate público la necesidad de una ley de transparencia. Un debate que no es nuevo. Hace más de seis años, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió públicamente a desarrollarla. Según el presidente, la norma serviría para "profundizar, ampliar y fortalecer los derechos de la ciudadanía". A pesar de sus palabras y la presión de varias ONGs durante las dos legislaturas, el Ejecutivo reculó y aparcó a principios de este año el anteproyecto de ley.
El pasado verano se filtró a la prensa el borrador de ley que permitiría auditar y controlar el uso del dinero público. La norma incluía la posibilidad de solicitar la media de horas que trabajan los asesores de un ministerio o los gastos de protocolo de los distintos departamentos.
La razón dada por el Ejecutivo para aparcar esta norma no me convence. Para el Gobierno, la ley de transparencia no forma parte del calendario de medidas urgentes . ¿Lo es para la ciudadanía? Creo que sí. Solo tenemos que analizar la evolución de los datos del CIS en el último lustro. La escalada de la corrupción como uno de los cinco problemas que más preocupan a los españoles, evidencian el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Además, la aprobación de una norma en este sentido desarrollaría uno de nuestros derechos. El artículo 105b de la Constitución recoge el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información libremente. No es derecho a saber, sino derecho a recibir información.
No hay que ser un gran analista político para percatarse de que corrupción y opacidad caminan de la mano. Los países escandinavos y anglosajones cuentan con fuertes leyes de acceso a la información. La corrupción no desaparecerá con una ley que nos permita controlar a nuestros representantes, pero al menos no seguirá engordando. La opacidad es un gran aliado para los corruptos. Acabar con esta situación debe ser una de las exigencias del Cuarto Poder. Hay que poner coto a los corruptos, un mal endémico de este país. La fórmula es clara: a mayor vigilancia y acceso a la información, mayor será el control sobre nuestra clase política. Con internet sería muy sencillo canalizar un futuro registro de información que incluya información relativa a contrataciones, presupuestos, gastos o informes económicos.
Como periodista me siento decepcionado por la tibieza demostrada por los profesionales de la comunicación ante una carencia tan flagrante. Nuestros medios de comunicación no han estado a la altura. No han cumplido con una de sus obligaciones primordiales: el control del poder público. Estoy aburrido de escuchar críticas a nuestros vecinos anglosajones o incluso a los 'yankis'. Criticamos su liberalismo, pero aceptamos la opacidad y las exigencias de nuestros políticos sin rechistar. En transparencia van cinco pasos por delante. Y no sólo en eso. En Estados Unidos sería impensable que los candidatos a un presidencia o a una alcaldía impusiesen los temas y las condiciones en un debate electoral televisado, aquí hasta la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión acepta las condiciones impuestas por el PP y el PSOE. ¿Será por eso por lo que son tan aburridos?
Las leyes conocidas como 'Freedom Information Acts' no sólo lucharían contra la corrupción o el abuso de poder, sino que mejoraría a nuestros gobiernos y convertiría a la española en una sociedad más comprometida y responsable. El sistema endogámico y oligarca por el que hoy se rigen nuestras administraciones es anacrónico. Una estructura caduca en la llamada sociedad de la información. Los críticos pensarán en que ese tipo de información debilitará el sistema, los políticos argumentarán que es irrealizable por razones de Defensa y la Seguridad Nacional. Dos excusas poderosas y peligrosas, con las que los Estados justifican todo tipo de crímenes. No me convencen. Es hora de actuar contra la corrupción, no se me ocurre mejor arma. Si quieres dejar tu firma y apoyar una ley de transparencia puedes hacerlo por actuable.es, aún quedan más de 40.000 firmas.
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